Nº 16 - ¿Política + Urbanismo = Corrupción?
Por Nicolás Sánchez Megías (Candidato a la alcaldía)
El enunciado de este tema de debate no es una afirmación sino una pregunta que se nos hace para que contestemos si estamos de acuerdo o no. De entrada hemos de decir que para nosotros el urbanismo y la política no son sinónimo de corrupción por mucho que algunos se empeñen a diario en demostrarnos lo contrario. No sabemos cuanto tiempo tardarán en hacernos cambiar de opinión, pero todavía creemos en el noble fin de la política entendida como servicio a los demás.
Es este un tema de rabiante actualidad, hay que reconocerlo. Desde hace unos meses es raro el día que no es portada en los medios de comunicación una nueva detención de algún implicado en el caso de corrupción de Marbella. Los coletazos de la “operación Malaya” que se desarrolla en esta hermosa ciudad de la Costa del Sol han salpicado al sector empresarial andaluz y nacional. Junto a algunos “líderes de la prensa rosa” como Julián Muñoz, han sido llamados a declarar -y en algunos casos detenidos y encarcelados- importantes constructores y promotores como José Avila Rojas, propietario del grupo de empresas “Avila Rojas”; Rafael Gómez Sánchez, apodado “Sandokán” y dueño de Arenal 2000; el murciano Tomás Olivo, que está construyendo en Armilla el centro comercial Nevada y que en su día hizo La Cañada de Marbella, etc.
Ateniéndonos, por supuesto, al principio de “presunción de inocencia”, no obstante a casi nadie habrá extrañado que todos estos señores sean llamados a declarar por el juez. Pero, realmente ¿de qué supuestas actuaciones inmorales, de qué delitos estaríamos hablando?. La sociedad española desde hace algunos años está viviendo un incremento muy importante de un delito conocido como cohecho, que con el discurrir del tiempo se ha convertido casi en algo normal para algunos.
En el ámbito urbanístico, el cohecho consiste en que un promotor o constructor ofrece dinero, pisos, áticos, chalets, coches, embarcaciones, artículos de lujo, viajes, fiestas, comidas, joyas, regalos varios, etc a un político o funcionario para que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus competencias; algo que beneficia de algún modo al empresario.
Este delito se comete por el mero acuerdo o pacto. Basta que el político o funcionario acepte la promesa o reciba el don o presente (dinero habitualmente). Es decir, no es necesario que el contenido del acuerdo se ejecute, con recibir el “regalo” es suficiente para cometer el delito.
Las dos partes obran sobreseguras; saben que actualmente la letra de la ley es generalmente poco incisiva en estos asuntos y que no hay quien los delate. Por si acaso, se cuidan mucho de no “dejar rastro”. Esta situación es la que parece que ha cambiado en Marbella porque alguien cabreado se ha ido de la lengua y ha tirado de la manta y ahora todo el mundillo de la promoción y de la política urbanística se pregunta: ¿pasará esto también en otros lugares?. Seguro que mas de un político en el poder y mas de un promotor se han pasado alguna noche en vela desde que los nombres de Ávila Rojas, Tomas Olivo, Rafael Gómez, etc han salido a la luz.
Todos estos nombres y muchos mas no deben sonarnos extraños y distantes. Se encuentran mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Tomas Olivo, por ejemplo, es el promotor del Centro Comercial Nevada, que se está construyendo en Armilla y que ha estado rodeado de una gran polémica no sólo por la gran superficie que ocupa sino por realizarse en una zona protegida de la mejor y escasa vega armillense. Sin ir mas lejos, el promotor Avila Rojas tiene intereses en Las Gabias en donde hace unos años compró muchos miles de m2 de suelo rústico de secano a muy bajo precio, que recientemente han sido recalificados como urbanizables en la aprobación provisional del nuevo PGOU llevada a cabo por el equipo de gobierno socialista en Agosto de 2005.
Pero la pregunta del millón es: ¿Es Marbella un caso aislado de corrupción o es sólo la punta del iceberg?. Todo el mundo “sabe” que sólo es la punta del iceberg, pero por desgracia son muy pocos los que pueden demostrarlo porque estos “turbios asuntos” de recalificaciones, licencias, falta de licencias, etc, son llevadas por sus implicados con el mayor sigilo y opacidad. En muchos pueblos de nuestra geografía, particulares y grupos políticos en la oposición tienen sospechas fundadas de actuaciones irregulares y de que sus alcaldes están cometiendo cohecho, pero por el momento no han podido denunciarlo en el Juzgado porque no tienen pruebas irrefutables.
En el trasfondo de la corrupción urbanística subyacen 2 conceptos fundamentales:
1-El gran “poder” que las Leyes de Urbanismo han otorgado a los Ayuntamientos para gestionar el suelo. El Alcalde y el concejal de urbanismo, cuando se definen los PGOU deciden si una finca es urbanizable o no, y qué edificabilidad tendrá, así de claro. Ya nadie se cree que sean los técnicos cualificados, los que deciden. Estos en la mayoría de los casos se limitan a cobrar y firmar lo que les ordenan. En otros casos luego actúan otras instancias superiores como la Comisión Provincial de Urbanismo o la Consejería de la Junta, que pueden anular una decisión tomada por el Ayuntamiento, pero esto ocurre en casos muy excepcionales, sobre todo si el gobierno municipal es del PSOE.
2-En manos de quién recae este “poder”. En algunos casos -mas de los que sería deseable- se trata de políticos con una débil base moral y ética, chorizos en una palabra, que no asumen que sus decisiones en materia urbanística puedan enriquecer a determinadas personas (propietarios, promotores, etc) sin que ellos no se lleven nada de ese pastel “a la saca”. Únicamente mirándolas desde este prisma se pueden explicar determinadas decisiones y convenios urbanísticos que de otra forma resultan inexplicables. La honradez es una virtud que se hace cada vez mas necesaria en política. Los ciudadanos deberían tenerla muy en cuenta a la hora de elegir a sus representantes municipales.
Por otra parte nos encontramos con la pasividad de la autoridad superior en lo que a urbanismo se refiere, que no es otra que la Junta de Andalucía. Lo que estaba ocurriendo en Marbella, por ejemplo, era un clamor popular y no han hecho nada durante años y años, hasta que un Juez ha actuado de oficio ante la denuncia de un particular. No les interesa “levantar la liebre” e investigar a fondo en otros muchos ayuntamientos porque con toda certeza se encontrarían con demasiadas” liebres de su especie” implicadas.
En este asunto de la corrupción urbanística
-Como no podía ser de otra manera- hay que aplicar el principio de “presunción de inocencia”, pero la ciudadanía, que es muy sabia y está harta de convivir con la corrupción a diario, prefiere aplicar otra máxima: “lo que parece sospechoso probablemente lo es” que no es mas que una variante del dicho popular: “Lo que huele mal será que está podrido”.
